Los YA – Asuntos urgentes de la niñez

Si bien Colombia ha logrado importantes avances en la garantía de los derechos de la niñez, como el Código de Infancia y Adolescencia 2006, la Política de Cero a Siempre, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia de 2018, por nombrar solo algunos, lo cierto es que persisten brechas inaceptables en el cumplimiento de sus derechos.

Dependiendo del lugar donde viven, del sitio en el que nacen, de su género o su etnia, de si tienen una condición de discapacidad o de las capacidades de su entorno familiar, las niñas, los niños y los adolescentes tienen un presente y un futuro promisorio o lleno de carencias que marcarán para siempre su destino.

Eso no puede seguir sucediendo: ningún niño o niña debe quedarse atrás. Lo consignado en los programas de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo Territorial deben dar respuesta a los asuntos más apremiantes de la niñez, para que se cumplan a cabalidad sus derechos y su desarrollo humano esté asegurado. NiñezYA profundiza en la realidad de los derechos de la niñez y da cuenta de «10 LOS YA» o asuntos impostergables:

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POR QUÉ Y PARA QUÉ CADA YA
1. POLÍTICA PÚBLICA E INVERSIÓN
YA es hora de cumplirle a la niñez lo escrito en el papel

Con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016) Colombia cuenta con significativos avances en la apuesta por el desarrollo integral de la primera infancia, que es preciso potenciar mediante el mantenimiento del espíritu de la política, el esquema intersectorial de ejecución, las condiciones de calidad y el incremento de la inversión presupuestal para mantener los logros y seguir ampliando su alcance. La inversión y la cobertura no han tenido precedentes por lo que es importante conservar el ritmo de crecimiento, como lo indica la Ley, para no afectar los logros alcanzados ni generar retrocesos costosos para Colombia.

La dinámica, en cambio, no ha sido igual para la infancia y la adolescencia. Luego de 14 años de promulgado el Código de la Infancia y la Adolescencia (2006), los avances legislativos han sido insuficientes para lograr el principio de la protección integral y la transformación de las condiciones y la calidad de vida de esta población con una visión de equidad, diversidad y con la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los diferentes espacios donde se debate y se decide sobre sus entornos próximos y sobre el modelo de país del que son ciudadanos.

Colombia sigue sin cumplir el mandato del artículo 44 de la Constitución Nacional de priorizar y dar prevalencia a los derechos de los niños, incluyendo su inversión.

1. SALUD-NUTRICIÓN
YA es tiempo de que ningún niño o niña muera por desnutrición, diarrea e infecciones respiratorias

Son muchas las causas que llevan a que niñas, niños y adolescentes tengan padecimientos que afectan de manera devastadora su desarrollo: la falta de una alimentación adecuada en cantidad y calidad nutricional (rica en proteína, vitaminas y minerales), de agua potable y alcantarillado y de medidas de salud pública que combatan las enfermedades no transmisibles, como la desnutrición crónica, y las transmisibles (prevenibles), como las que resultan de la propagación de virus y bacterias (dengue, zika y chikunguña o enfermedades respiratorias y diarreicas).

La desnutrición crónica o retraso en talla, por ejemplo, un asunto multicausal de salud pública, afecta el “desarrollo de 1 de cada 9 niños en Colombia, que a su vez genera un impacto en el desarrollo económico y en el capital social del país” (Fundación Éxito, 2019, p. 3). Diferentes estudios han demostrado que en la primera infancia la desnutrición crónica impide el desarrollo pleno de capacidades físicas y cognitivas, lo cual tendrá un impacto negativo en esa persona cuando sea adulta, ya que su bajo coeficiente intelectual afectará de manera directa sus ingresos.

En Colombia, según datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN 2015, la desnutrición crónica presenta una prevalencia de 10,8% (ICBF, MSPS, INS y DPS, 2019, p. 214), solo 2,4 puntos porcentuales menos con respecto al 2010. Ya es hora de que todos los niños y las niñas de Colombia gocen del mejor estado posible de salud y nutrición desde el comienzo de sus vidas, para que puedan desarrollar todas sus capacidades, lo que a su vez dará como resultado sociedades sanas y productivas.

3. EDUCACIÓN INICIAL
YA garanticemos el desarrollo integral a niñas y niños menores de 6 años

Como lo han evidenciado diferentes investigaciones, la primera infancia es el momento de la vida en el cual el ser humano establece las bases de su desarrollo, por ello requiere una atención integral que es la clave para su desarrollo integral.  Colombia ha avanzado en ese camino con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, establecida en la Ley 1804 de 2016. Esta norma señala cinco elementos estructurales que se deben dar en conjunción, de manera complementaria, para que se logre el desarrollo integral uno de esos elementos es la educación inicial (los otros son: 1. el cuidado y la crianza, 2. la recreación, 3. la salud-la alimentación y la nutrición y 4. el ejercicio de la ciudadanía y la participación).

La educación inicial además contribuye a disminuir la desigualdad e inequidad a través del mejoramiento de la calidad y las posibilidades de acceso y permanencia de niñas y niños en el sistema educativo. Sin embargo, esto no se está cumpliendo a cabalidad. De 4.053.713 niñas y niños menores de 6 años, solo 1.197.634 reciben educación inicial en el marco de la atención integral.

La ausencia de instituciones cercanas a la vivienda, la falta de cupos, no cumplir con los requisitos para el ingreso, residir en la zona rural, principalmente en la Orinoquía – Amazonía, pertenecer a los quintiles más bajos de riqueza  y la poca disponibilidad de servicios con enfoque diferencial (NiñezYA, 2018, y Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) son parte de las razones de esta realidad. Por eso uno de los grandes retos del país es organizar una respuesta institucional que aumente la cobertura, principalmente en ruralidad, en el marco de los avances que establece la Política de Estado de Cero a Siempre, como es la ruta integral de atenciones.

4. EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
YA garanticemos la educación a toda la niñez sin ninguna distinción por discapacidad, género o lugar de nacimiento

La educación no se agota con la entrada y la permanencia en la escuela. Es decir, no basta con que un niño, niña o adolescente esté en el colegio para que tenga garantizado su derecho a la educación.  Como señala Tomasevsky (1999, citada en Defensoría del Pueblo, 2004, p. 38), la escuela debe ser acogedora para los niños, debe basarse en el derecho que ellos tienen a sentir curiosidad, a hacer preguntas y recibir respuestas, a discutir y expresar su desacuerdo, a hacer pruebas y cometer errores, a saber y no saber, a crear y ser espontáneos, a ser reconocidos y respetados.  La escuela debe adecuarse a las diversas condiciones socioculturales de los niños y sus familias. Esto implica que la educación pensada como derecho debe ir más allá de los indicadores de permanencia y acceso y debe garantizar la igualdad, la transformación y la inclusión.

Pero no es así. “La ubicación geográfica (acentuada en zonas de conflicto), el origen socioeconómico, la etnia y el género han condicionado históricamente la garantía del derecho a la educación en Colombia. La inequidad se sigue reproduciendo tras generaciones y hay una naturalización que equipara la diferencia cultural con la desigualdad social y económica” (Fundación Empresarios por la Educación – FExE, 2018, p. 11).

Colombia requiere nuevas lecturas multidimensionales que dejen ver, por ejemplo, la relación entre el conflicto armado y las condiciones de pobreza, con los resultados de aprendizaje. El país está en deuda también de consolidar la información relacionada con infraestructura escolar, incluidas la legalización y la compra de predios en los que se encuentran las escuelas.iñezYA prioriza cuatro temas en el estado de la educación: 1. educación de calidad, 2. formación de directivos y docentes, 3. trayectorias educativas completas y 3. educación rural.

5. JUEGO
YA reconozcamos que la niñez tiene derecho a jugar

El juego es un derecho invisible a los ojos de los adultos, a pesar de que está consagrado en normas internacionales y nacionales y ha mostrado su efecto positivo en el desarrollo integral de niñas y niños. Diferentes investigadores han señalado que el juego es la manera que niñas y niños tienen para relacionarse con el mundo y con los otros,  reconocen sus capacidades y habilidades, aprenden de los objetos y de las situaciones y desarrollan el lenguaje para comunicarse. Más recientemente, la investigación longitudinal realizada por la Universidad Nacional y Corporación Juego y Niñez (entre 2024 y 2019) mostró que los niños y las niñas que pueden participar en espacios de juego intencionado desarrollan en un mayor nivel habilidades socioemocionales como la empatía, la autorregulación, la expresión de emociones, entre otras (Flórez, Castro, Camelo, Martelo y Salazar, 2019). Igual sucede con las competencias ciudadanas, en particular en relación con el manejo de conflictos, manejo de reglas y autonomía.

Es por ello que se requiere garantizar escenarios seguros y dignos para el ejercicio del derecho a jugar, independientemente de la condición social o económica de niñas y niños. Ludotecas, parques y ambientes lúdicos son escenarios significativos cuando están dispuestos con calidad y tienen fácil acceso para las infancias en cada una de sus comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes, rom, con discapacidad, entre otras.

El juego es comprendido como derecho y como un elemento del desarrollo humano en la Declaración de los Derechos, la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Política Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia de 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El reto es que se haga realidad.

6. PARTICIPACIÓN
YA es hora de que la niñez sea escuchada

Cuando una persona puede expresar sus sentimientos, preocupaciones e ideas y estos son tenidos en cuenta por otros, significa que está siendo tratada como un ser humano digno, cuyo valor es igual al de los demás, como señala Nussbaum (2005). Es importante, además, que pueda contar con la capacidad de participar activamente en las decisiones políticas que gobiernan su vida, es decir, esto implica “tener derecho a la participación política, así como a salvaguardas para la libertad de expresión y asociación” (Nussbaum, 2005, p. 33). Así está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), la cual establece que todo ser humano tiene derecho a participar en la vida política y cultural, a participar, contribuir y gozar del desarrollo.

Niñas, niños y adolescentes, por el hecho de ser personas, tienen la misma posibilidad y el mismo derecho de los adultos a participar y contar con la capacidad para hacerlo. En otras palabras, su voz cuenta y por ello debe ser escuchada e incluida en las decisiones que los involucran, y además debe garantizárseles las condiciones para formarse un juicio propio, como señala la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Constitución Política (1991) y el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), entre otras normas internacionales y nacionales.

Además de esto, es importante entender que la participación es la garantía de los demás derechos y fortalece en niñas y niños la capacidad de reflexión personal y colectiva; les facilita que sean incluidos como ciudadanos activos y responsables. En síntesis, la participación de niñas, niños y adolescentes no debe ser vista como un gesto de buena voluntad de las familias, gobernantes y sociedad, se trata del reconocimiento de su capacidad de agencia y del proceso formativo de ciudadanía que contribuye a la calidad de la democracia del país.

Aunque la Constitución Política de Colombia, decretos, leyes, resoluciones y otras normas han reconocido en nuestro país el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y han creado espacios para que puedan ejercerlo, dichos espacios no son efectivos en todos los territorios debido a la baja priorización de este derecho y a la falta de recursos para su sostenibilidad en las administraciones municipales y departamentales, como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

7. FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEL CUIDADO Y LA CRIANZA DE LA NIÑEZ
YA es tiempo de fortalecer a las familias para que protejan y cuiden a la niñez

Niñas y niños entablan con sus padres u otras figuras de cuidado, que cumplen funciones parentales, vínculos emocionales profundos y duraderos que son cruciales para el establecimiento del tipo de apego que influye en su desarrollo integral. Estos vínculos afectivos son la base de la calidad de las relaciones de seguridad o inseguridad que tendrán a lo largo de su vida y serán, además, los primeros referentes de socialización que los conectarán con el mundo. Esa realidad es parte del sustento que da vida al artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y por tanto tiene derecho a la protección del Estado (Naciones Unidas, Asamblea General, 1948).

Por su parte, el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece la asistencia apropiada a las familias para que puedan cumplir con sus funciones de crianza de niños y niñas (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Unicef, 2006); y el artículo 44 de la Constitución Nacional recogió estos principios al indicar que el Estado garantizará la protección a la familia.

Tanto la carta magna como el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006) integran los diferentes tratados internacionales que reconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella, por ser el primer entorno protector, afectivo y social que cumple con una función significativa en el desarrollo integral del ser humano. En el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), en la introducción del Pacto por la Equidad, está consignado que se debe “fortalecer el papel de las familias como garante fundamental de la protección, el afecto y los derechos de los niños” (p. 232).

Por lo anterior, se requiere que las familias cuenten con las oportunidades económicas, el acceso a servicios y las capacidades necesarias para hacerles frente a las circunstancias de su entorno y puedan alcanzar un bienestar para todos los miembros que la integran. La familia es sujeto colectivo de derechos y núcleo primario de socialización, responsable de proporcionar los medios y recursos para la calidad de vida y la protección integral de la niñez.

8. PROTECCIÓN FRENTE A CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA
YA no más violencia contra la niñez

Acabar con la violencia es una de las condiciones indispensables para asegurar la prosperidad para todos, como lo estableció Naciones Unidas en 2015 con la Agenda 2030. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 (de los 17 que se tienen) quedó establecido “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” (Naciones Unidas, 2015). La meta global 16.2, por su parte, definió: “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños” (Naciones Unidas, 2015).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud – OMS (2002) define como violencia el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p. 5). Específicamente, los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables física, emocional y psicológicamente a todo tipo de violencias y estas pueden ocurrir en cualquier entorno (familiar, escolar, público, digital).

Las noticias que a diario se dan en Colombia evidencian que estas violencias se están presentando en un alto grado en diferentes lugares del territorio nacional, lo cual significa que niñas, niños y adolescentes están creciendo con graves impactos que afectan su desarrollo. Los estudios demuestran que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes puede generar consecuencias psicológicas, físicas y sociales; las primeras abarcan problemas psicológicos que pueden perdurar a lo largo de la vida, tales como inestabilidad afectiva, falta de autorregulación emocional, baja autoestima, pautas de amor incorrectas, problemas cognitivos, falta de concentración y memorización (Pinheiro, 2006).

9. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA
YA acatemos la norma aplicando a los adolescentes la justicia con pedagogía

El Código de la Infancia y la Adolescencia estableció en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) para investigar y juzgar los delitos cometidos por personas entre los 14 y 18 años, al momento de cometer el hecho punible (Ley 1098, 2006, art. 139).

El objetivo de este sistema es responder a la tendencia internacional y al llamado de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), que concibe a niñas, niños y adolescentes como sujetos activos y no como objetos de amparo. El SRPA, por tanto, “se rige por el principio de la protección integral y su finalidad es la Justicia Restaurativa (JR), el interés superior del niño, la corresponsabilidad, el ejercicio efectivo de los derechos de los adolescentes, así como la perspectiva de diversidad” (NiñezYA 2018a, p. 88).

En otras palabras, con el SRPA Colombia honró los instrumentos internacionales que ha suscrito; sin embargo, está en mora de contar con un verdadero sistema que garantice la verdad, la justicia y la reparación del daño; además que se ocupe del restablecimiento efectivo de los derechos de los adolescentes, asumiendo que se trata de un ser humano en formación. Hoy, el proceso y la sanción no son acordes con el carácter pedagógico, diferenciado y restaurativo que les asigna el artículo 140 de la Ley 1098 de 2006, como lo han señalado la Fundación Restrepo Barco y la Procuraduría (2007), la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia (2012) y la Defensoría del Pueblo (2015).

El SRPA debe avanzar para cumplir con los principios que permitan que estos adolescentes puedan contar con un proyecto de vida armónico con el Estado social de derecho establecido en la Constitución Política de 1991 y que apunta a que todos y todas vivamos con dignidad.

10. CULTURA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA
YA es tiempo de que la niñez sea reconocida como gestora de paz

Los 15.448.285 menores de edad que habitan el país tienen la energía, el entusiasmo y la capacidad para contribuir en la construcción de una cultura de paz, reconciliación y convivencia. No es un asunto exclusivo de los adultos porque la niñez es parte importante de esta nación tanto en su presente como en su futuro. Además, los niños, niñas y adolescentes han padecido un conflicto armado que configura trayectorias nocivas para su desarrollo.

El primer paso para lograr esa construcción es reconocer las situaciones dolorosas y de vulneración por las que han pasado –muchas de las cuales aún persisten (desplazamiento, reclutamiento, amenazas, homicidios, discapacidad–; el segundo es darles voz y escucharla para que puedan participar en el diseño y la ejecución de las acciones que buscan alcanzar la reconciliación y la convivencia. El hecho de que participen activamente en la construcción de paz configura un escenario de confianza y de transformación de imaginarios tradicionales sobre el papel de la niñez en los conflictos armados y en los procesos de reconstrucción del tejido social.

Los gobiernos locales tienen la tarea de dar ese espacio a niñas, niños y adolescentes, al igual que responder a los otros asuntos que les impone la situación compleja que vive Colombia: un escenario de conflicto armado y a la vez en un proceso de superación del mismo; es así que 170 municipios hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo cual supone reconocer una situación problemática de alto alcance y de forma paralela superar los conflictos a través de la restitución de derechos.

Esta restitución de derechos debe contemplar el interés superior de la niñez que se enmarca en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989, numeral 1.° del artículo 3.°), la Constitución Política (1991, artículo 44), el Código de la Infancia y la Adolescencia (2006, artículo 8), el Auto 251 de 2008 y el Auto 756 de 2018.

  • “¿Cuál es su propuesta concreta para que en todos los municipios tengamos acceso a espacios de juegos públicos y gratuitos como ludotecas, teniendo en cuenta que jugar es un derecho que contribuye a nuestro desarrollo?”
  • “¿Cómo su gobierno dará condiciones seguras a los niños, niñas y adolescentes para no ser víctimas del conflicto armado?”
  • “¿Cómo van a garantizar que la explotación de minas y recursos naturales no impida que tengamos acceso al servicio de agua potable y a un ambiente saludable?”
  • “¿Qué hará para que en todo el territorio nacional se prioricen programas y proyectos que realmente aseguren la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?”
  • “¿Qué garantía brindará a las madres cabezas de familia en cuanto a la reducción de horas de trabajo para que los niños y las niñas tengan más tiempo para compartir en familia?”
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