En Colombia, el derecho al voto representa mucho más que una acción individual; es una herramienta de transformación social y una forma concreta de incidir en la construcción de país. La Ley Estatutaria 1885 de 2018 reconoce este derecho y establece mecanismos como los Consejos de Juventud para garantizar que las y los jóvenes tengan un papel activo en los asuntos públicos. A través de estos espacios, se busca no solo promover el ejercicio democrático, sino también formar liderazgos, fortalecer el tejido institucional y construir políticas más cercanas a las realidades juveniles.

Sin embargo, la baja participación en las elecciones de Consejos de Juventud de 2021 —con una participación nacional del 10,31% y casos críticos como Bogotá con solo el 6,6%— evidencia una desconexión preocupante entre la juventud y los canales formales de representación. Incluso en el departamento con mayor participación, Sucre, solo se alcanzó el 21,47%, lo cual plantea una pregunta necesaria: ¿cómo construir una democracia sólida si quienes deben liderar los cambios del futuro se mantienen al margen de las decisiones presentes?

A pesar de que el 90% de los planes de desarrollo territorial del periodo 2024–2027 incluyen acciones de fortalecimiento a la participación juvenil, el 29,41% de las ciudades capitales no cuentan aún con una política pública de juventudes.

Esto limita la institucionalización de procesos y reduce las oportunidades reales de participación. Además, solo tres de las 29 ciudades capitales consultadas han cumplido con la conformación de las comisiones de concertación y decisión que establece la ley, y dos de ellas ni siquiera cuentan con el decreto reglamentario obligatorio. Esto, sumado al hecho de que el 72,4% de las ciudades sólo realizaron una asamblea de juventud en lugar de las dos obligatorias por ley, refleja un cumplimiento parcial que afecta la confianza en las instituciones.

En este contexto, votar cobra aún más sentido. No se trata únicamente de acudir a las urnas, sino de ejercer un derecho que ha sido reconocido y respaldado por la ley, y que permite exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades públicas. El voto de las juventudes es la herramienta más directa para señalar prioridades, respaldar liderazgos legítimos y exigir cambios estructurales. Es también un mensaje claro de que las nuevas generaciones no están dispuestas a quedarse al margen, sino que reclaman su lugar en la toma de decisiones.