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María Juliana Ortiz*
La Constitución Política del 1991 establece, en el artículo 44, los principios de prevalencia e interés superior de los niños y niñas como derechos fundamentales. Esto significó un avance para la promulgación de la Ley de la Infancia y la Adolescencia y el reconocimiento de los niños y niñas como una población de especial protección, lo que ya había sido ratificado por la Convención de Derechos del Niño. Por otro lado, la Constitución incluyó dentro de los derechos colectivos, la protección del medio ambiente, en su artículo 79, declarando que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano; de forma posterior, esto ha conllevado a un reconocimiento de la naturaleza y sus recursos como entidades sujeto de derechos (Sentencia T-622 de 2016), estableciendo un puente importante entre los derechos colectivos y los derechos fundamentales[1].
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, activos, partícipes de su desarrollo, que se desenvuelven en diferentes entornos diversos cultural y étnicamente. Los niños, niñas y adolescentes deben gozar efectivamente de sus derechos, siendo la sociedad y el Estado, los promotores y garantes de su desarrollo integral. Con esta visión, se deben diseñar las políticas, planes, programas y las acciones que apunten a garantizar y reconocer sus derechos, permitiendo su participación activa, reconociendo su voz y su papel como parte de la sociedad.
El medio ambiente y su cuidado, en particular la conservación de la biodiversidad, así como la gestión del agua y la acción climática, son un desafío para la población mundial, especialmente para responder a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes por el momento del curso de la vida en el que se encuentran y la garantía de sus derechos como prevalentes. El entorno natural requiere protección para garantizar el bienestar de los miembros de la sociedad y, en particular, de los niños y niñas, quienes tienen derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente sano.
El desafío de ser garantes de derechos de la niñez y el medio ambiente
En este contexto, en Colombia tenemos un desafío importante no solo en el reconocimiento y garantía de los derechos, sino en la necesidad de realizar acciones concretas en el territorio nacional. La Constitución nos hace un llamado a pensar en los niños y niñas como la generación presente y con capacidad de acción para realizar y proponer ideas; en la medida que los niños y niñas puedan plantear soluciones de cuidado de su territorio y gestar procesos a escalas locales, podrán dinamizar cambios en sus vidas y de las comunidades en las que viven.
Por otro lado, el desafío está en la posibilidad para las comunidades de hacer efectivos sus derechos y exigir acciones que se soportan desde lo normativo, pero también desde la práctica en los territorios. Pensar en los derechos fundamentales y colectivos, de manera integrada, nos permite fortalecer los principios de enfoque de derechos y desarrollar acciones en pro de construir entornos protectores por el desarrollo integral y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Los entornos protectores juegan un papel central, ya que son los espacios “donde confluyen el cuidado y la protección como acciones fundamentales para garantizar que niños, niñas y adolescentes crezcan y se desarrollen en un marco de garantía de sus derechos, pero, además, se reconoce el derecho al ambiente sano como parte de estos y por tanto la importancia de su cuidado y protección” (Gómez, 2020).
“El derecho al medio ambiente sano es un derecho que persigue intereses que benefician a una colectividad pero que es al individuo y al ente de la Naturaleza a quien afecta su vulneración; es un derecho de grupos, asimismo es un derecho que tiene su fundamento en la solidaridad” (Martínez, Roig, & Fernandez,1999, p. 261)[2]. El cambio climático es una amenaza que vulnera los derechos humanos y el goce efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, acentuando vulnerabilidades dadas por condiciones sociales o económicas previas, como la pobreza, la baja escolaridad o la inequidad en el acceso a recursos. Dado que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y se interrelacionan, la vulneración de un derecho afecta negativamente a los demás. De manera particular, el cambio climático afecta el derecho de niños y niñas a la salud, a vivir en un entorno sano y seguro por las afectaciones por desastres naturales. Algunas de las principales enfermedades de los niños y niñas en términos de prevalencia son sensibles a las condiciones climáticas; el deterioro en la calidad del ambiente, tanto del aire, agua o suelos, vulnera el derecho a la salud y a una adecuada nutrición y alimentación. Pero esto afecta no solo afecta el derecho a la salud, sino también el derecho a la educación, cuando no pueden asistir a la escuela por su condición de salud o por la interrupción de actividades escolares debido a la falta de acceso a agua potable que tienen sus familias o comunidades, la inexistencia de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas o la afectación de las plantas físicas de las escuelas, por fenómenos naturales provocados por el cambio climático.
El Fondo Acción, desde su experiencia de más de veinte años de inversiones sostenibles en niñez y medio ambiente, ha encontrado oportunidades de integración de los derechos fundamentales y colectivos, por medio de acciones que buscan el fortalecimiento de capacidades, la participación, la investigación y el diálogo de saberes entre adultos y niños y niñas, buscando mejorar las condiciones de los territorios y las comunidades, así como la garantía de sus derechos. En diferentes proyectos ha sido posible acompañar a las comunidades en desarrollar ideas, co-crear oportunidades y liderar procesos en pro de sus derechos.
Así, en el proyecto “Educación participativa para la protección del agua en Colombia”, por ejemplo, se reconoció que los niños, niñas y adolescentes pueden tener roles de liderazgo en temas de conservación, conocer su entorno desde la ciencia, aportar ideas y convertirse en actores del cambio social en materia de protección del agua y en pro de unas condiciones favorables para su derecho a un ambiente sano. En el proyecto “Unión Natural para el Manejo Forestal Sostenible en la Región del Pacífico Colombiano”, los jóvenes participan en espacios de fortalecimiento político y organizativo, poniendo en práctica la sostenibilidad generacional y la transmisión de saberes, pero además fortaleciendo el vínculo con el territorio. La plataforma “Influencer X Naturaleza”, una herramienta que promueve la participación, el intercambio intergeneracional y la visibilidad de los niños, niñas y adolescentes como actores de cambio[3], logra conectarlos a través de su interés común en el cuidado de la naturaleza, desde sus preguntas y respuestas.
De esta manera, es clave pensar en acciones por y con la infancia y tener en cuenta las afectaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes por el deterioro ambiental, así como tomar en cuenta sus opiniones y hacerlos partícipes de las discusiones y las medidas de solución, reconocer su voz como titulares de derechos y brindarles la información necesaria para poder participar y proponer. Según el informe de país de la participación de niños, niñas y adolescentes, elaborado por MSPS-ICBF en 2010, la protección del ambiente es la segunda temática en donde niñas, niños y adolescentes quieren participar más (NiñezYA, 2018).
Bajo el marco de la Constitución, los niños, niñas y adolescentes deben saber que no están solos y, por el contrario, cuentan con un entorno y unos adultos que los rodean; estos adultos son su figura principal de conexión con el mundo, específicamente sus cuidadores, padres y madres o quién ejerza esta figura. Los avances que nos brindó la Constitución del 1991 en protección de la niñez, son un llamado urgente a pensar en estrategias que hagan efectivo lo promulgado.
El camino todavía está construyéndose, pues aún falta hacer realidad muchas de las acciones y buenas prácticas en ambos sentidos, niñez y ambiente, aún más materializarlas desde una mirada conjunta. Hoy, es posible, y necesario, generar un cambio frente a la forma tradicional de idear soluciones a los problemas ambientales, en las que poco se ha involucrado a las niñas, niños y adolescentes, reconociendo su capacidad para proponer y actuar. Pero además se requiere atender, con urgencia, las acciones de conservación y recuperación de ecosistemas, la promoción del acceso al agua potable, saneamiento e higiene, y el incremento de la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático.
* Psicóloga con especialización en Política Social, cuenta con 16 años de experiencia en coordinación y asesoría para la gestión y desarrollo de proyectos y políticas sociales enfocadas en familias, niños, niñas y adolescentes. Ha trabajado desde el sector público y privado como consultora de diferentes programas y proyectos en temas relacionados con promoción de derechos de la infancia, salud pública, convivencia, reconciliación y paz. Actualmente es coordinadora del área de Niñez del Fondo Acción.
[1] Quintero, W. F. y Marín Reina, C. A. (2021). Treinta años de la Constitución Política de Colombia de 1991: antecedentes, origen, cambios y reformas. Revista Análisis Jurídico Político, 3(5), 17-58. https://doi.org/10.22490/26655489.4360.
[2] El Derecho Al Medio Ambiente En El Ordenamiento Jurídico Colombiano: Evolución Y Comparación En El Reconocimiento De Su Categoría Como Derecho Fundamental. María Paola Blanco Cetina. Universidad Católica De Colombia. Revisado en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2656/1/articulo%20%20MPB%20%281%29.pdf
[3] Niñez, adolescencia y Desarrollo Rural Sostenible: un avance para la integración temática. Documento interno de trabajo Fondo Acción. 2021.
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